Tres supervisores ya han dado luz verde a la OPA lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell: la CNMV, el BCE y la CNMC. Sin embargo, el Gobierno aún no se ha pronunciado, y ha iniciado una consulta pública que sugiere una posible intervención, sin explicar motivos ni criterios. Esta actitud genera incertidumbre y transmite la idea de que, aunque se cumplan todos los requisitos legales y regulatorios, el Ejecutivo puede frenar operaciones por razones políticas.
El caso recuerda lo ocurrido con la fallida OPA del grupo húngaro Magyar Vagon sobre Talgo, bloqueada por motivos difusos de “seguridad nacional”. Este tipo de decisiones envía un mensaje preocupante: la iniciativa privada queda supeditada a los vaivenes del poder político.
La consecuencia directa es la desconfianza del inversor. Si las reglas del mercado pueden cambiar arbitrariamente, el capital busca otros destinos. Y con él, se van también el empleo, la innovación, la competitividad y la recaudación fiscal. España pierde atractivo como destino de inversión y se arriesga a convertirse en un desierto económico, donde la intervención sustituye al marco legal claro y estable.
El Gobierno insiste en que actúa por el interés general, pero proteger no es bloquear ni controlar sin criterio. Es garantizar reglas claras para todos. Si se confunde control con protección, nadie querrá jugar en ese campo, porque el resultado estará decidido antes de empezar.
Como inversor sin intereses directos en BBVA ni Sabadell, la preocupación no es económica, sino sistémica. Está en juego la confianza en el mercado español. Y sin confianza, no hay desarrollo posible. España no perdería un tren. Perdería su futuro económico.
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