Europa ha decidido reforzar su identidad inversora creando un “sello europeo” que, lejos de incentivar la innovación o la eficiencia empresarial, parece castigarla. Frente al modelo estadounidense, que atrae capital con empresas tecnológicas y normativas favorables, la Unión Europea opta por una etiqueta distintiva que desincentiva el crecimiento. La intención inicial era noble: fomentar que el ahorro europeo se quede en Europa, generando empleo y conocimiento local. Sin embargo, la solución adoptada —un nuevo impuesto sobre ingresos totales— resulta contraproducente.
Este impuesto no sustituye al de sociedades, sino que se suma a él. Grava la facturación de las empresas, no sus beneficios, lo que penaliza especialmente a aquellas más eficientes y con mayores volúmenes de venta. El resultado: dos empresas con el mismo beneficio acaban pagando impuestos radicalmente distintos si una factura más que la otra. Se castiga así la escala, la eficiencia y la ambición empresarial.
Este rediseño fiscal desincentiva a emprendedores, inversores y compañías establecidas. Invita a no crecer, a no competir y, en muchos casos, a deslocalizarse. Se premia la mediocridad y se castiga el progreso, en contraste con impuestos tradicionales —IRPF, Sociedades, IVA— que aumentan con la prosperidad y no la dificultan.
Todo esto sucede mientras Europa afronta desafíos demográficos y formativos. En lugar de atraer talento y capital, las políticas actuales parecen fomentar la dependencia y expulsar a quienes más aportan. Para los inversores, la consecuencia es clara: menos peso de Europa en las carteras y más exposición a empresas verdaderamente competitivas. Porque tiene más sentido pagar por ganar que por intentarlo.
Puedes leer el artículo completo en el blog Rumbo inversor de Juan Gómez Bada en El Confidencial.
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