Gubel ha lanzado una oferta p\u00fablica de adquisici\u00f3n (OPA) para incrementar su participaci\u00f3n en Prosegur a un 75% del total de derechos de voto. Esta decisi\u00f3n, tomada en un contexto de baja cotizaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda, es vista l\u00f3gicamente por la familia Revoredo, actual inversora mayoritaria. Sin embargo, esta maniobra ha generado preocupaci\u00f3n entre muchos inversores. La principal inquietud es que, a futuro, los inversores minoritarios puedan ser forzados a vender sus acciones a precios desfavorables mediante una opa de exclusi\u00f3n.<\/p>\n
Este temor no es infundado, ya que situaciones similares han ocurrido anteriormente, como en el caso de Bar\u00f3n de Ley. En ese evento, el accionista mayoritario adquiri\u00f3 una gran parte del capital utilizando los recursos de la compa\u00f1\u00eda, y luego forz\u00f3 a los inversores minoritarios a vender sus acciones. A ra\u00edz de esto, unos 160 inversores reclamaron al Ministerio de Econom\u00eda y a la CNMV cambios en la Ley de OPAs, pero hasta la fecha, no se han realizado ajustes legislativos para evitar la repetici\u00f3n de tales casos.<\/p>\n
En el art\u00edculo de Cinco D\u00edas, se menciona la opini\u00f3n de dos entidades de an\u00e1lisis respecto a la OPA sobre Prosegur. Una de ellas no la recomienda, arguyendo que el precio ofrecido es inferior al valor estimado de Prosegur, mientras que la otra sugiere aceptarla, no por el precio ofrecido, sino para evitar permanecer invertidos en una acci\u00f3n poco l\u00edquida y susceptible a futuras OPAs de exclusi\u00f3n.<\/p>\n
Frente a esta situaci\u00f3n, el autor sugiere insistir en la modificaci\u00f3n de la Ley de OPAs en dos aspectos clave. Primero, se deber\u00eda exigir un porcentaje m\u00ednimo de capital flotante en las exclusiones de cotizaci\u00f3n, similar al requerido para las salidas a bolsa. Esto garantizar\u00eda que m\u00e1s del 50% del capital en manos de los minoritarios apruebe el precio propuesto antes de que una compa\u00f1\u00eda deje de cotizar. Segundo, se propone que cualquier valoraci\u00f3n independiente en estos procesos sea realizada por entidades seleccionadas por un supervisor independiente, evitando as\u00ed conflictos de inter\u00e9s.<\/p>\n