La Comisión Europea ha propuesto flexibilizar nuevamente las reglas fiscales, priorizando la seguridad y la defensa sobre la estabilidad de precios. Esta decisión implicaría un aumento de la inflación en los próximos años, similar a lo ocurrido tras la pandemia. Ante este escenario, los gobiernos optan por erosionar el valor del efectivo, depósitos y bonos de los ciudadanos en lugar de reducir el gasto público o aumentar impuestos de forma agresiva.
Como en 2020, es poco probable la emisión de eurobonos, pero sí se espera un incremento del déficit y la deuda pública en la Eurozona. En España, el déficit ha sido una constante en la última década, reflejando un gasto sistemáticamente superior a los ingresos. A pesar de ello, el ratio Deuda/PIB no ha aumentado de manera alarmante, lo que se explica por el crecimiento del PIB nominal, impulsado tanto por la expansión económica como por la inflación.
Este mecanismo permite que la deuda crezca sin comprometer su sostenibilidad, siempre que el PIB nominal aumente al mismo ritmo. Durante la pandemia, el Estado asumió costos significativos, sostenidos gracias a la inflación, que redujo el peso relativo de la deuda sobre el PIB. Ahora, con el gasto en defensa, es previsible que se repita este esquema.
La inflación, en este contexto, actúa como un impuesto encubierto que perjudica especialmente a quienes mantienen su patrimonio en efectivo o en instrumentos de bajo rendimiento. En cambio, los activos reales, como bienes inmuebles y acciones, han visto aumentar su valor debido a la depreciación del euro. Si la estrategia de financiar el gasto con inflación se mantiene, los ciudadanos deberán proteger su patrimonio para evitar la pérdida de poder adquisitivo en un entorno de mayor gasto y déficit estructural.
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