Gubel ha lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) para incrementar su participación en Prosegur a un 75% del total de derechos de voto. Esta decisión, tomada en un contexto de baja cotización de la compañía, es vista lógicamente por la familia Revoredo, actual inversora mayoritaria. Sin embargo, esta maniobra ha generado preocupación entre muchos inversores. La principal inquietud es que, a futuro, los inversores minoritarios puedan ser forzados a vender sus acciones a precios desfavorables mediante una opa de exclusión.
Este temor no es infundado, ya que situaciones similares han ocurrido anteriormente, como en el caso de Barón de Ley. En ese evento, el accionista mayoritario adquirió una gran parte del capital utilizando los recursos de la compañía, y luego forzó a los inversores minoritarios a vender sus acciones. A raíz de esto, unos 160 inversores reclamaron al Ministerio de Economía y a la CNMV cambios en la Ley de OPAs, pero hasta la fecha, no se han realizado ajustes legislativos para evitar la repetición de tales casos.
En el artículo de Cinco Días, se menciona la opinión de dos entidades de análisis respecto a la OPA sobre Prosegur. Una de ellas no la recomienda, arguyendo que el precio ofrecido es inferior al valor estimado de Prosegur, mientras que la otra sugiere aceptarla, no por el precio ofrecido, sino para evitar permanecer invertidos en una acción poco líquida y susceptible a futuras OPAs de exclusión.
Frente a esta situación, el autor sugiere insistir en la modificación de la Ley de OPAs en dos aspectos clave. Primero, se debería exigir un porcentaje mínimo de capital flotante en las exclusiones de cotización, similar al requerido para las salidas a bolsa. Esto garantizaría que más del 50% del capital en manos de los minoritarios apruebe el precio propuesto antes de que una compañía deje de cotizar. Segundo, se propone que cualquier valoración independiente en estos procesos sea realizada por entidades seleccionadas por un supervisor independiente, evitando así conflictos de interés.
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