Inocsa, que ya posee el 62% de Catalana Occidente, ha lanzado una OPA sobre el 38% restante a 50 euros por acción. Pero esta oferta está condicionada a alcanzar al menos el 75% del capital, lo justo para poder excluir la empresa de bolsa y lanzar después una OPA de exclusión al mismo precio. Así, con solo un 13% más, el mayoritario podrá forzar al resto a vender al precio que él mismo ha fijado.
¿Y si los minoritarios se plantaran y exigieran 80 euros? Da igual. Si no venden, se quedan atrapados como socios minoritarios en una empresa fuera del mercado, sin posibilidad real de salida. Esta situación no es nueva y se repite en casos como Gestamp o Prosegur. El problema es estructural: la bolsa valora expectativas, y el mayoritario, que controla la información, tiene poder para manipularlas.
Desde el caso de Barón de Ley venimos reclamando un cambio legal. Llevamos tiempo reuniéndonos con CNMV y Tesoro, que reconocen el problema pero no han hecho nada aún. Pedimos algo muy básico: que cualquier OPA de exclusión deba contar con la aprobación del 50% de los minoritarios a los que se dirige. Ya somos 250 inversores firmantes y contamos con apoyo mediático.
Hoy volvemos a insistir. No queremos dejar de invertir en compañías españolas, pero necesitamos protección. Si no hay cambios, seguiremos indefensos. Confiamos en que, esta vez, a la tercera, vaya la vencida.
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