El viernes pasado, S&P Global Ratings sorprendió al mercado al elevar la calificación de España de A a A+. No lo hacía desde 2019, antes de la pandemia. La noticia resulta llamativa porque llega en un contexto de déficit público persistente: entre 2019 y 2024, el desequilibrio medio fue del 5,1% del PIB y ningún año se logró bajar del 3%. En 2024, el gasto público alcanzó el 45,4% del PIB frente al 42,3% de ingresos. A simple vista, estas cifras parecerían incompatibles con una mejora del rating.
La clave está en la métrica que miran las agencias: la deuda sobre PIB. Aunque la deuda en euros creció un 32% en cinco años, el PIB nominal también aumentó un 27%, reduciendo el ratio del 119% en 2020 al 102% en 2024. El motivo principal no ha sido un crecimiento real vigoroso, sino la inflación, responsable del 76% de ese aumento nominal. En otras palabras, los precios han diluido el peso de la deuda, reduciendo su valor real, aunque su volumen siga subiendo. Un efecto que recuerda al “impuesto silencioso” que padecen los acreedores en países con alta inflación.
El crecimiento real ha sido modesto (7% en el periodo), y en buena parte procede del aumento de población gracias a la inmigración, más que de una mejora de productividad. El PIB per cápita apenas ha avanzado.
La gran incógnita es si esta dinámica será sostenible. Con déficits estructurales por encima del 3%, la deuda seguirá aumentando en términos absolutos. Sin embargo, mientras la inflación y el crecimiento poblacional eleven el PIB nominal, el ratio podría estabilizarse. Eso es lo que las agencias parecen valorar.
Para los inversores, la lección es clara: los activos nominales —bonos a largo plazo y liquidez— pierden poder adquisitivo frente a la inflación. Proteger el patrimonio exige buscar alternativas que puedan batirla de forma consistente.
Puedes leer el artículo completo en el blog Rumbo inversor de Juan Gómez Bada en El Confidencial.
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