En los mercados de crédito, la teoría dicta que quien presenta menor riesgo de impago debería financiarse más barato. Sin embargo, en países con baja calificación soberana esa lógica se rompe: el rating del Estado actúa como un lastre que arrastra a bancos y empresas, incluso cuando sus fundamentales son sólidos y comparables a los de compañías de economías desarrolladas. El resultado es una distorsión evidente: emisores corporativos razonablemente robustos pagando tipos propios de situaciones de estrés no por su riesgo intrínseco, sino porque su calificación queda contaminada por la del soberano y por las restricciones regulatorias o de mandato que limitan el acceso de inversores institucionales.
Los ejemplos de Grecia en 2012 o Argentina en prácticamente cualquier ciclo reciente muestran que el impago soberano no implica un colapso correlativo del tejido empresarial. Muchas compañías continúan cumpliendo puntualmente gracias a ingresos en divisa, posiciones dominantes o estructuras de capital prudentes. Aun así, los ratings rara vez reflejan esa diferenciación. Los «techos» soberanos impuestos por las agencias limitan cuánto puede separarse la calificación corporativa de la del Estado, generando un coste de financiación artificialmente elevado y desconectado de la realidad operativa de muchas empresas.
Esa rigidez tiene efectos tangibles. Mientras compañías españolas con perfiles de riesgo relativamente bajos pagan rentabilidades del 3%–3,5% a medio plazo, sus equivalentes argentinos —con modelos de negocio incluso comparables— pagan cerca del 8% en dólares. No porque el riesgo efectivo sea necesariamente mayor, sino porque su rating las ubica en los escalones bajos del high yield, excluyéndolas de la mayoría del capital institucional.
De aquí se desprenden dos conclusiones: los inversores sin restricciones de rating pueden capturar primas atractivas derivadas más de fricciones institucionales que de riesgo real; y los Estados deben comprender que mejorar su solvencia no solo abarata su financiación, sino que también impulsa la competitividad de su sector privado. El coste del capital, en definitiva, es un componente crítico del desarrollo económico.
Puedes leer el artículo completo en el blog Rumbo inversor de Juan Gómez Bada en El Confidencial.
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