La nueva regulación europea sobre inversiones minoristas se centra en prohibir que los bancos y otras entidades financieras reciban pagos de gestoras de fondos por la comercialización de sus productos sin un asesoramiento adecuado que justifique los costes, promoviendo así el concepto de ‘value for money’. Sin embargo, esta medida podría no solo fallar en alcanzar su objetivo, sino también complicar la inversión para los ahorradores.
La regulación no facilita las cosas, sino que añade complejidad a las inversiones. Este enfoque contrasta con la evolución de la industria de los ordenadores, donde los esfuerzos por simplificar y estandarizar productos han hecho que, hoy en día, incluso los niños puedan usar dispositivos tecnológicos sin necesidad de conocimientos avanzados. Similarmente, el sector financiero debería aspirar a hacer el asesoramiento financiero más transparente y accesible, en lugar de incrementar las cargas burocráticas y los costes ocultos.
En la práctica, la regulación obliga a los inversores sin asesoramiento a afrontar los costes de distribución por separado, complicando el cálculo del rendimiento neto y dificultando la comparación entre productos financieros. Esto también conduce a expectativas erróneas sobre la rentabilidad y complica la fiscalidad al vender inversiones antiguas. Además, genera una carga burocrática innecesaria para los asesores y supervisores, incrementando los costes y disminuyendo la calidad del servicio.
Es paradójico que, mientras se intenta proteger al inversor, la normativa aumente la complejidad y el costo de invertir, lo cual va en detrimento del ahorro y la inversión productiva. Los reguladores deberían reconsiderar esta normativa para favorecer un enfoque más simplificado y estandarizado que realmente beneficie tanto a inversores asesorados como a los que prefieren invertir por su cuenta.
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